El gobierno de México dio un giro inesperado en su política hacia los videojuegos: el impuesto del 8% a títulos considerados “violentos” no se aplicará en 2026. En su lugar, la administración federal apostará por campañas educativas y de prevención. La decisión impacta directamente a millones de jugadores y a la industria local.
Qué se anunció / qué cambió
Durante la conferencia matutina del 23 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gravamen propuesto dentro del Paquete Fiscal 2026 no entrará en vigor.
El cambio responde a dos factores clave:
- Dificultad técnica y conceptual para definir qué es un videojuego “violento”.
- Imposibilidad práctica de clasificar títulos que se actualizan constantemente y dependen del juego en línea.
Aunque la medida fue discutida incluso después de su aprobación legislativa, la decisión política final fue clara: no se cobrará el impuesto en 2026.
Detalles importantes para jugadores
Para la comunidad gamer, el anuncio tiene efectos inmediatos:
- Sin aumento de precios por un impuesto adicional en videojuegos.
- Mayor certidumbre para consumidores y desarrolladores de cara a 2026.
- Cambio de enfoque oficial: de sancionar a educar e informar.
El gobierno adelantó que impulsará campañas dirigidas a jóvenes y adolescentes, enfocadas en prevención de adicciones, alfabetización digital y construcción de la paz, en lugar de medidas fiscales punitivas.
Contexto rápido
El impuesto del 8% había sido incluido en la categoría de Impuestos Saludables, asociando a los videojuegos con riesgos de violencia y adicción.
Esta lectura generó una fuerte reacción del ecosistema gamer y de especialistas, quienes señalaron una visión reductiva y desactualizada del medio interactivo. Además, se cuestionó que los videojuegos fueran utilizados como chivo expiatorio frente a problemáticas sociales más amplias.
El reconocimiento oficial de estas limitaciones marca un ajuste de rumbo en la política pública.
Lo que sigue
El reto ahora será convertir el discurso en acciones concretas:
- Lanzamiento de campañas educativas bien informadas y con enfoque preventivo.
- Diálogo con padres, tutores e industria para promover consumo responsable.
- Seguimiento a políticas de alfabetización digital y bienestar juvenil.
El gobierno ha reiterado su principio de “atender las causas y no prohibir”, y los videojuegos se convierten en una prueba clave de ese enfoque.
La decisión de no aplicar el impuesto en 2026 sugiere que el gobierno de México reconoce la complejidad cultural y tecnológica de los videojuegos. Más que un retroceso, el cambio apunta a una política pública más informada y acorde a los tiempos.
¿Crees que la educación sea más efectiva que los impuestos para regular el consumo de videojuegos?
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