La industria de los videojuegos vive un intenso debate sobre la preservación digital. La campaña Stop Killing Games, que ya acumula más de 1,2 millones de firmas en la Unión Europea, exige a los legisladores que impidan a las editoras eliminar juegos en línea sin ofrecer alternativas offline o soporte a largo plazo. La polémica ha obligado a Video Games Europe, la principal asociación de lobby del sector en la UE, a emitir un comunicado oficial defendiendo la postura de las compañías.
¿Qué es Stop Killing Games y por qué genera tanta controversia?
La iniciativa Stop Killing Games nació como un movimiento de activismo digital que busca acabar con la denominada obsolescencia programada de los videojuegos. Sus impulsores sostienen que títulos como The Crew, Concord y MultiVersus se venden sin advertir claramente que, en algún momento, serán retirados de los servidores, quedando inservibles aunque los usuarios los hayan comprado.
Según el manifiesto oficial:
“Cada vez más juegos se venden como bienes sin fecha de caducidad, pero están diseñados para quedar totalmente inutilizables cuando cesa el soporte del editor. Esta práctica no solo perjudica a los consumidores, sino que hace imposible su preservación histórica.”
La petición, dirigida al Parlamento Europeo, pide cambios en las leyes de consumo para obligar a las empresas a garantizar opciones offline o permitir servidores privados tras el cierre de los oficiales.
La respuesta de Video Games Europe: costes, riesgos y limitaciones
La reacción de Video Games Europe no se hizo esperar. En su comunicado, la asociación reconoce la preocupación de la comunidad pero asegura que mantener indefinidamente los servicios online sería inviable económicamente:
“La decisión de interrumpir un servicio online es compleja y nunca se toma a la ligera. Debe seguir siendo una opción para las compañías cuando el mantenimiento deja de ser comercialmente viable.”
Además, la organización argumenta que permitir a los jugadores crear servidores privados tampoco es siempre factible. Entre los principales motivos destacan:
- Riesgos para la seguridad de datos: al perderse los sistemas de protección contra contenido ilegal y prácticas abusivas.
- Responsabilidad legal: los editores podrían quedar expuestos a demandas si se producen incidentes en entornos no oficiales.
Por otro lado, la asociación subraya que muchos títulos se desarrollan desde el principio como experiencias exclusivamente online, por lo que reconvertirlos para funcionar offline sería “prohibitivamente caro” y limitaría la libertad creativa de los estudios.
¿Es posible un compromiso intermedio?
Aunque la industria defiende su postura, algunas voces dentro del desarrollo de videojuegos plantean alternativas. Por ejemplo, Josh Harrison, director de marketing de Velan Studios, propuso en 2024 que los estudios consideren lanzar versiones modificadas compatibles con servidores privados al cerrar un juego en vivo. Su caso es ilustrativo: Knockout City, el juego de dodgeball multijugador, cerró sus servidores en 2023, pero Velan publicó una versión que permite partidas privadas, dando un ejemplo de preservación responsable.
Este enfoque, si bien requiere esfuerzo técnico adicional, podría ser una vía intermedia entre la protección de la propiedad intelectual y el derecho de los jugadores a conservar sus juegos.
La controversia sobre la campaña Stop Killing Games subraya una tensión creciente en la industria: el choque entre el modelo de negocio de los juegos como servicio y el interés de los consumidores por conservar sus bibliotecas digitales.
Mientras el mercado se llena de títulos online que dependen de servidores centrales, las peticiones de transparencia y preservación seguirán aumentando. La discusión abierta entre asociaciones de desarrolladores, consumidores y reguladores europeos probablemente marque el futuro legal de los videojuegos en la próxima década.
